OPINIÓN Violencia de género: cuando el sistema entero no funciona

La violencia de género en nuestro país debería ser una emergencia nacional. Una mujer fue asesinada cada 29 horas en lo que va del 2021 por violencia de género, en la gran mayoría de los casos por un varón que es o fue su pareja (cifras concordantes que dan organizaciones como Casa del Encuentro y Mumalá-Mujeres de la Matria Sudamericana).

Cada semana, casi cada día asistimos en calidad de testigos más cercanos o más lejanos a historias tremendas, injustas, dolorosas. Úrsula Bahillo. Guadalupe Curual. Historias repetidas de mujeres que sufrieron, que denunciaron, que intentaron escapar, cuyas amigas intentaron ayudarlas, cuyas familiares intentaron usar todos los recursos institucionales. Aún así nada alcanzó. Leemos historias de muerte, muerte, muerte. Nos enteramos que Guadalupe Curual era alumna de la universidad en donde damos clase. Se nos cierra la garganta, lloramos, puteamos en las redes sociales, marchamos. Pero, interiormente, no sabemos qué hacer para que cambien las cosas.

Argentina ha hecho grandes avances en los derechos de las mujeres, las personas trans y las disidencias sexuales. Legalizó el matrimonio igualitario, el derecho a reconocer la propia identidad de género sin la tutela de un juez o de un médico, legalizó el aborto voluntario. Pasó una ley de educación sexual integral. Sancionó una ley de protección integral contra la violencia contra las mujeres. Se crearon comisarías especializadas en la mayoría de las jurisdicciones. Se creó un Ministerio de las Mujeres. Pero no alcanza. No, no alcanza.

Latinoamérica es la región con mayor número de casos graves de violencia contra las mujeres, y nuestro país no es una excepción. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos hacer?

Yo, por mi parte, no lo sé. Creo que lo que queda cada vez más en claro es que las herramientas legales e institucionales no son las adecuadas. El sistema no funciona. No funciona, está roto, está mal, no sirve.

Es decir, hay un primer nivel del problema que es que las mujeres que están sufriendo una situación de violencia aguda no pueden acceder a las herramientas legales e institucionales porque, para decirlo rápidamente, a ese sistema legal e institucional no les importa si viven o mueren. Mujeres que tratan de hacer una denuncia en una comisaría y son expulsadas, o les dicen que está cerrada porque es fin de semana, o les piden que vuelvan mañana, o, si llegan a un juzgado, les dicen que no pueden hacer nada hasta que no haya un hecho de violencia con testigos.

Sin embargo, lo más preocupante es que aún en los (escasos) casos en que el sistema actual reacciona, eso no es garantía de seguridad. Según datos de una base de datos recopilada por el licenciado Eduardo Prueger, casi la mitad de las mujeres víctimas de femicidios tenían denuncias previas o una orden de restricción dictada a su favor.

Si una mujer accede a hacer una denuncia en una fiscalía o en una comisaría especializada con rapidez, y un juez dicta una medida de restricción de acercamiento contra su ex pareja, y se la informan rápidamente, esto no es ninguna garantía de que con eso termine la violencia o amenaza de violencia. Eso quedó en evidencia en el caso de Guadalupe: se mudó con una amiga, hizo la denuncia, al violento le notificaron la restricción de acercamiento, y fue asesinada en pleno centro de Villa Langostura y a la vista de decenas de personas.

¿Qué hacer entonces? No lo sé. Hay quienes plantean pasar a un esquema en donde frente a la violencia se pase de vigilar a la víctima (ponerle una consigna a la mujer) a monitorear al agresor (mediante, por ejemplo, tobillera electrónica). Hay quienes plantean un abordaje basado en comprometer a los agresores a recibir asistencia psicológica y trabajo en espacios terapéuticos ligados a la deconstrucción de un modelo de masculinidad que es esencialmente violento. Otros hablan de la necesidad de reformar las fuerzas policiales. Otros de reformar el Código Penal. No puedo decir qué funcionaría. Tal vez haya que probar todo. Sé que el Estado, en sus tres niveles y en sus tres poderes, debería tratar este tema como una emergencia nacional. Tiene que llegar una urgencia que no se ve. Comprometerse a explorar nuevas soluciones, a dedicarle el presupuesto que sea necesario, a trabajar con las organizaciones de mujeres, a escuchar, a meterse con poderes opacos como el judicial. Va a haber que gastar (mucha) plata, tal vez crear nuevas burocracias especializadas. Generar nuevas ideas porque las que existen no funcionan.

Y aún así, hay cambios que necesitamos hacer que serán aún más profundos. Porque, ¿cómo se cambia una estructura de pensamiento y de emociones gracias a la cual miles de varones sienten la posibilidad de perder el control de una mujer como una amenaza tan grande a su masculinidad que se vuelve aceptable, o hasta imperativo, castigarla quitándole la vida, aunque eso termine en la propia muerte o en la prisión, aunque esto implique condenar a una doble orfandad a los hijos en común? El asesino de Guadalupe tiene 32 años. El de Úrsula tiene 25. No podemos decir que se formaron en valores de otras épocas, que sólo debemos apostar a que los jóvenes nos reemplacen.

Lo naturalizado es la violencia. ¿Cómo se cambia lo naturalizado, lo cotidiano, lo internalizado? No lo sé, y eso es doloroso, pero es urgente que podamos contestar esta pregunta.

(*) Por María Esperanza

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