El diputado nacional Héctor «Cacho» Bárbaro (PAyS-Frente de Todos) la acompañó desde 2016, cuando en la Anses de la gestión Macri, le comunicaron la caída de su jubilación por ser “extranjera”, acusándola de haber cometido una irregularidad previsional y hasta amenazándola con cobrarle judicialmente cada peso que se le pagó en años anteriores.

En Misiones no fue el único caso de abuelos inmigrantes castigados por la particular visión del gobierno anterior. “Nunca entendieron lo que significan los inmigrantes para nuestra provincia, se manejaron con xenofobia y discriminación. Las zonas rurales están llenas de abuelos extranjeros que tienen la radicación definitiva hace décadas. Trabajaron y forjaron nuestra tierra tanto o más que cualquier argentino, se partieron el lomo en la chacra, se arraigaron y criaron hijos y nietos, pero se los castigó como parte de una campaña mediática para desacreditar las políticas públicas del Gobierno de Cristina Kirchner”, relató el legislador.

También recordó que, en su momento, desde el Partido Agrario y Social hasta trajeron a todos los abuelos perjudicados a una sentada de protesta frente a la sede de Anses en Posadas, para que los funcionarios los conocieran en persona, y como respuesta solo les dijeron que sabían que era una injusticia lo que estaban padeciendo, pero que las decisiones se tomaban en Buenos Aires. Desde el PAyS incluso recurrieron a amparos judiciales para revertir la situación y acompañaron a cada abuelo y abuela perjudicados, pero sin respuestas.

Instancia de revisión
Tras el cambio de Gobierno, la Anses, ahora a cargo de la trabajadora social, Fernanda Raverta, inició un minucioso proceso de revisión de las jubilaciones caídas por orden del macrismo, especialmente las que afectan a abuelos y abuelas de las zonas rurales. En varios casos se evidenció una misma realidad: los gestores y abogados que tramitaron jubilaciones por moratoria hace algunos años, consignaron sus propios estudios jurídicos o domicilios particulares para facilitar las notificaciones, porque los lotes rurales donde viven los abuelos son difíciles de determinar y no existe telefonía celular o internet en grandes áreas.

«Les explicamos mil veces esta situación a los anteriores funcionarios y no quisieron ver. Ahora hay personas con perfil humano y comprometido que no van a dudar en conocer a estos abuelos y abuelas que son personas de carne y hueso, con sus historias de vida; pero que eran sólo números para los anteriores», destacó el legislador.
«María recuperó el beneficio que le correspondía y en el camino perdió a su compañero de vida, que cayó en una depresión y falleció. Ella está ciega y por cinco años no pudo atenderse con su obra social. Estos funcionarios causaron un gran dolor; pero ahora tenemos un Gobierno nacional que amplía y respeta los derechos, y funcionarias como Raverta que tienen la capacidad de entender cada contexto porque conocen el territorio, y van a corregir cada injusticia y atropello», finalizó Bárbaro.