Columna de opinión: El Consejo Económico y Social debe ser también ambiental

A poco de iniciar su gestión, el Presidente Alberto Fernández firmaba con representantes gremiales, empresarios y movimientos sociales el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad. Este compromiso incorporaba la necesidad de abordar la resolución de la deuda externa del país, a través de una alternativa “sustentable”. Simultáneamente a la firma se anunció la creación de un Consejo Económico y Social, a crearse por ley, para abordar las problemáticas identificadas en este compromiso.

Lamentablemente, el avance de la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado, ralentizó la actividad dentro del Congreso y el avance en la legislación correspondiente para la creación del mencionado Consejo. A su vez, recientemente, 22 Gobernadores Provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han firmado una solicitada respaldando la negociación de la deuda pública que ha propuesto el Estado Argentino.

La solicitada remarca la necesidad de “redefinir compromisos de forma sostenible”. Y en este punto queremos detenernos. El informe de la Comisión Brundtland define el Desarrollo Sostenible como la posibilidad de “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”, y plantea que está basado en tres dimensiones: social, económica y ambiental. Es por eso que la Fundación Vida Silvestre Argentina apoya la propuesta de sostenibilidad, ya que si el desarrollo no es sostenible, entonces no es desarrollo, es solo una trasferencia de recursos económicos que no considera los impactos ambientales y sociales negativos que de esa transacción pueden devenir. Si falta una de esas tres patas, o si no hay un adecuado mecanismo de gobernanza que permita la articulación de las tres en un contexto de igualdad en la toma de decisiones, el desarrollo sostenible no es más que una declaración de intención.

Un ejemplo puede servir para graficar la situación: supongamos que un nuevo yacimiento de petróleo es identificado y que el Estado Nacional diseña una política de subsidios y estímulos financieros para la atracción de inversores a la zona, para la exploración y la explotación. La llegada de la actividad provoca un dinamismo económico, generación de puestos de trabajo, regalías para las jurisdicciones provinciales y municipales que pueden cubrir parte de los costos de educación, salud, seguridad. Hasta ahí, todo pareciera ser apropiado. No obstante, al no incorporar la dimensión ambiental, el sobreuso o la contaminación de recursos básicos para el desarrollo humano y de otras producciones, como el agua, comprometería el desarrollo de las generaciones actuales y futuras en el área de intervención y en la de influencia relacionada con el régimen hídrico. De acuerdo a los compromisos asumidos por los países en  el Acuerdo de Paris,  los combustibles fósiles van a dejar de consumirse a nivel mundial y nuestros productos serán evaluados según su huella de carbono. Nuestro país podría quedar así  con una infraestructura ociosa, no amortizada.

Un segundo ejemplo podría ser el aumento de la demanda de productos básicos para la industria alimenticia por parte de los mercados internacionales. Estados provinciales y nacionales podrían brindar incentivos financieros, fiscales y económicos para una intensificación de la actividad agrícola y ganadera, nuevamente asociada a la oferta de puestos de trabajo y la recaudación fiscal. De esta manera, el aspecto social y el económico podrían cubrirse. Pero sin un adecuado proceso de ordenamiento ambiental del territorio, sin políticas de no conversión de ambientes naturales y sin claros estándares para la aplicación de productos agroquímicos, se incrementaría la amenaza de la pérdida de ambientes naturales. Y no es una cuestión puramente conservacionista: muchos de estos ambientes naturales son de alta importancia para la provisión de servicios ambientales, asociados al mantenimiento de procesos productivos y también resultan relevantes para la conservación de especies nativas. Asimismo, el reemplazo de la vegetación  natural cambiaría la forma en la que el agua de lluvia penetra en el suelo y se acumula en  las napas sub superficiales, haciéndola disponible para el consumo humano y para actividades productivas. En otras palabras, la falta de buenas prácticas agrícolas puede afectar seriamente la conservación de la estructura y composición del suelo y, por ende, comprometer su productividad en el futuro cercano.

En estos dos ejemplos se puede evidenciar cómo la falta de inclusión del componente ambiental en el modelo de desarrollo lleva inexorablemente a la posibilidad de “comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”. Esto incumple las premisas del Desarrollo Sostenible y, como se mencionó anteriormente, se trasforma sólo en una trasferencia de recursos.

En este contexto, es sumamente importante que el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad promueva la creación de un Consejo, que además de Económico y Social, sea Ambiental. Caso contrario estaríamos ante lo que expresa el refrán popular: “pan para hoy, hambre para mañana”. La República Argentina cuenta con excelentes instituciones públicas, nacionales y provinciales, orientadas a la investigación y promoción de la sostenibilidad en la actividad productiva.  A su vez, diversas organizaciones privadas de orden académico y de la sociedad civil, cuentan con capacidad y experiencia en esta temática. En este último grupo, la Fundación Vida Silvestre Argentina ha consolidado a lo largo de sus 43 años una importante experiencia no sólo en la conservación de la naturaleza, sino también en la promoción de técnicas productivas sostenibles y climáticamente inteligentes. Contamos con un diverso equipo de profesionales en temáticas agrícolas, forestales, pesqueras, energéticas, ambientales, económicas y administrativas y tenemos, además, una amplia experiencia en la promoción y facilitación de espacios de diálogo, articulación y construcción de consensos.

Confiados que el desarrollo de nuestro país será sostenible, o no será desarrollo, y que el próximo Consejo Económico y Social será también Ambiental, la Fundación Vida Silvestre Argentina ofrece toda su capacidad, compromiso y  esfuerzo, en caso de tener el honor de ser convocada a participar de su implementación y puesta en marcha.

 

(*) Por Manuel Marcelo Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina

 

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